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Pero el repudio del golpe fue universal. La Unasur declaró este repudio de inmediato por boca de la Presidenta, Michelle Bachelet. La OEA se reunió y suspendió a Honduras con la aprobación de todos sus miembros, incluso de EEUU. Organismos mundiales se plegaron a estas condenas. Honduras, el tercer país más pobre de América Latina, arriesga sanciones económicas severas y la proscripción de sus embajadas. Se exige que busque una solución legal y civilizada a su problema. Conviene puntualizar que, no obstante la actitud más bien ambigua del cardenal, la Iglesia ha condenado el golpe mediante otras instancias: los dominicos y los jesuitas de Centroamérica, la radio Progreso de los jesuitas de Honduras, censurada y hostigada por los militares, y el obispo hondureño Luis Alfonso Santos en una larga y explícita carta episcopal. Quiero reflexionar sobre el alcance tan significativo de esta censura mundial. Se refiere a un operativo que el país podría tal vez calificar como propio de su soberanía y exento de presiones e intervenciones ajenas. Pero porque lesiona los derechos humanos y la democracia, las naciones están en su derecho al juzgar y sancionar. Hay un aforismo romano, Securus iudicat Orbis terrarum, El Orbe de la tierra juzga soberanamente. Así es, en un mundo globalizado cada nación ha quedado sujeta al bien común de todo el mundo. No somos independientes, sino interdependientes unos de otros. Para convivir en paz y prosperidad hemos de sujetarnos a normas de justicia, respeto y cooperación democrática. Para dictarlas se han constituido organismos mundiales, como la ONU, los tribunales internacionales y la OEA en América. Resultado: nuestra soberanía nacional no es absoluta. La de Honduras, como la de Chile, está sometida a las exigencias del bien común mundial. Para resolver problemas no por la violencia, sino por el diálogo democrático, o el recurso a tribunales internacionales. Si hemos de convivir en un mundo cada vez más pequeño, se impone un régimen de respeto de los derechos humanos y la democracia, y la proscripción de la violencia. Está, pues, en su derecho la OEA, como organismo del Orbe de la Tierra (soberano en último término de las naciones del mundo), al imponer sus normas y sanciones. En el futuro no serán los ejércitos nacionales, sino la organización de las naciones los garantes de la paz y seguridad.
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